En su sentencia de 28 de octubre de 2020, asunto C-321/19, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (ECJ) dictaminó que el peaje para camiones cobrado por la República Federal de Alemania infringía la prohibición de sobrecostes establecida en el artículo 7, apartado 9, de la Directiva 1999/62/CE, modificada por la Directiva 2006/38/CE (en adelante la "Directiva"). El artículo 7, apartado 9, de la Directiva establece que los peajes sólo pueden basarse en el principio de "recuperación de los costes de infraestructura". Dichos costes incluyen los costes de explotación de la red de infraestructuras. Además de estos costes, la República Federal de Alemania ha incluido los costes de la policía de tráfico como costes de explotación de la red de rutas de tráfico. Los demandantes en el procedimiento original ante el Tribunal Administrativo de Colonia se opusieron a ello (Tribunal Administrativo de Colonia, sentencia de 1 de diciembre de 2015, 14 K 7974/13).

En apelación, el Tribunal Superior Administrativo de Münster planteó al ECJ la cuestión de si tener en cuenta los costes de la policía de tráfico al determinar el importe de los peajes era compatible con el artículo 7, apartado 9, frase 2, de la Directiva (Tribunal Superior Administrativo de Münster, sentencia de 28 de marzo de 2019, 9 A 118/16).

El ECJ respondió que "las actividades policiales son responsabilidad del Estado que actúa en el ejercicio de sus poderes públicos, y no como operador de la infraestructura vial". Por tanto, según el ECJ, los costes de la policía de tráfico no pueden considerarse costes de explotación en el sentido del artículo 7, apartado 9, de la Directiva (ECJ, sentencia de 28 de octubre de 2020, C-321/19, números 26 y siguientes). La determinación de la tasa de peaje vulnera, al menos en la medida en que se basa en los costes de la policía de tráfico, el Derecho europeo.

Tras la decisión del ECJ, el Tribunal Administrativo Superior de Münster tendrá que decidir si otros componentes del peaje para camiones también son ilegales y, en consecuencia, en qué medida existen derechos de reembolso.

En respuesta a la sentencia del ECJ, el poder legislativo alemán aprobó una modificación de la Ley Federal de Peajes de Carreteras y recalculó el peaje. El cambio, que entró en vigor el 1 de octubre de 2021, aplica nuevas tarifas de peaje reducidas. La modificación legislativa se hizo con carácter retroactivo al 28 de octubre de 2020, por lo que las tarifas de peaje ya se han reducido para el período transcurrido desde la sentencia del ECJ el 28 de octubre de 2020, hasta el 30 de septiembre de 2021. Por lo tanto, para los pagos de peaje dentro de este período, la base jurídica -así como el importe del peaje a pagar- ha cambiado retrospectivamente. Como resultado, hay reclamaciones de reembolso basadas en la diferencia entre las tarifas de peaje a pagar bajo la antigua y la nueva ley.

Sin embargo, tras una detallada revisión jurídica, hemos llegado a la conclusión de que la modificación de la ley no cumple plenamente los requisitos de la legislación europea. Entre otras cosas, la reducción retroactiva de las tarifas de peaje solo se aplica al periodo posterior a la sentencia. La enmienda no contempla las devoluciones correspondientes al período anterior al 28 de octubre de 2020. Sin embargo, también en lo que respecta a las devoluciones para el período cubierto por la enmienda legislativa, existen dudas sobre si la devolución basada en la enmienda legislativa es suficientemente alta. Junto con un experto en economía, hemos llegado a la conclusión de que el reembolso ofrecido es regularmente demasiado bajo y que las empresas de transporte pueden exigir en algunos casos reembolsos significativamente más altos que los especificados en la enmienda.